POR SI ACASO

Por:Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez

*Zenyazen de “acusador” a acusado

*Lo cita FGE por delito de sedición
*Winckler podría cubrirse de gloria

A FINALES de octubre del año pasado, las instalaciones del Congreso del Estado fueron tomadas por diputados en funciones y electos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. Querían evitar a cualquier precio que legisladores de la Comisión Permanente (en su mayoría afines al Partido Acción Nacional) aprobaran dictámenes que no fueron circulados a tiempo ni turnados a las comisiones respectivas. El movimiento fue encabezado por el coordinador de la bancada de MoReNa, Zenyazen Roberto Escobar García, que en ese tiempo argumentó que en la Comisión Permanente del periodo anterior se metieron más de 30 dictámenes de última hora, por lo que existía el temor de que pudieran aprobarse en perjuicio de los veracruzanos. Zenyazen, que ahora es el Secretario de Educación de Veracruz –y por lo tanto carece de fuero- insistiría que él entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pretendía incurrir en un “agandalle” y “saqueo de último minuto” para favorecer a alcaldes panistas, al propiciar que la bancada del PAN enajenara inmuebles y centros comerciales a favor de algunos ayuntamientos panistas, entre otros el que ahora preside su hijo Fernando Yunes Márquez, pero la toma de las instalaciones del Palacio Legislativo impidió que se llevara a cabo la última sesión de la 64 Legislatura (2016-2018) con mayoría panista, ya que los morenistas arribaron a la una de la mañana junto con correligionarios de ese instituto y colocaron cadenas y candados al inmueble en puertas de acceso y colgaron pancartas con la leyenda “No al Año de Hidalgo de Yunes”, en referencia al mandatario saliente.

POR ESOS hechos, el, entonces, coordinador de la bancada de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado al encabezar un movimiento a todas luces fuera de la ley, y este martes cuando se presentó a denunciar la asignación irregular de plazas en el bienio pasado, aprovechando su presencia le entregaron un citatorio para que comparezca el jueves ante la dependencia “en calidad de investigado” por el probable delito de sedición, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 20 Apartado El y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90, 91, 92 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 52 y 67 fracción I de Constitución Política del Estado de Veracruz; E, 7 y 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 17, 18. 23, 27 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la precisada Ley, lo que tomó por sorpresa al soberbio funcionario que de inmediato buscó a los medios de comunicación afines para quejarse de que el Fiscal General, Jorge Winckler pretendía intimidarlo, cuando solo le entregaron un documento oficial, aunque nadie intentó tocarlo (como cuando era stripper) o agredirlo, sino que, al no recibir a nadie en sus oficinas aprovecharon la ocasión para entregarle el citatorio, ya que durante la toma del inmueble legislativo en octubre del año pasado varias personas se quedaron encerradas en el interior del edificio -personal de vigilancia, mantenimiento y administrativo-, y fueron, al parecer, quienes enderezaron la denuncia.

A ESCOBAR García le propinaron una sopa de su propio chocolate, pues cuando pensaba acaparar la atención al acudir a la sede de la Fiscalía a presentar una denuncia por la presunta asignación irregular de 77 plazas magisteriales a exfuncionarios de esa dependencia durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, entre ellas una a nombre de Enrique Pérez Rodríguez, su antecesor, se llevó la sorpresa de que el investigado era él, y que por lo tanto tendrá que comparecer por hechos asentados en la carpeta de investigación FGE/FIM/F7o/CI/231/2019 el próximo jueves, pero el citatorio es firmado por el Fiscal Séptimo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Pablo Miguel Rached Cruz y no por Winckler, como acusó Zenyazen. Y aunque de principio dijo desconocer los motivos de esa investigación y por lo que tanto, no se dejará intimidar, luego se “acordó” de que el citatorio quizá tenga relación con la toma del Congreso del Estado cuando cerró las puertas de acceso al Palacio Legislativo y, tácitamente, secuestró al personal que ahí labora.

DICE EL Artículo 130 del Código Penal Federal que se aplicará una pena de seis meses a ocho años de prisión y multa de hasta diez mil pesos a los que, en forma tumultuaria y sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132: a) Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o las constituciones locales); b) Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación (o de los Estados), o su libre ejercicio; y c) Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos. Pero, usted se preguntará ¿qué es sedición? El diccionario jurídico establece que se trata del levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo, o de un alzamiento público y tumultuario contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión ni la traición. El término se usa para referirse a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden establecido. La sedición comprende cualquier conmoción y generalmente se presenta asistida por violencia directa en contra de la ley. Debido a que la sedición es típicamente considerada como un acto subversivo, hay la posibilidad de que pueda ser perseguible como un delito que varía de acuerdo al código legal de cada país o estado.

POR LO pronto, el funcionario consentido del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha sido citado en la Fiscalía del Estado para que responda por actos que afectaron brevemente la libertad de empleados del Palacio Legislativo, al tiempo que impidieron actos de gobierno atentando contra la gobernanza, y si Jorge Winckler se la quiere aplicar, lo hará porque el funcionario carece de fuero, aunque lo más probable es que haya un “intercambio de barajitas” y el exstripper sea perdonado y la investigación sea sobreseída, aunque si el abogado de origen oaxaqueño quiere demostrar que la ley es pareja para todos, el Secretario de Educación de Veracruz podría enfrentar una orden de aprehensión para que le baje dos rayitas a su polla. A ver qué pasa. OPINA [email protected]

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